A casi tres meses de que venza el plazo para el registro obligatorio de líneas móviles en México, el avance es aún limitado, apenas entre el 16 y 17 % de los números activos han sido vinculados a una identidad, de acuerdo con datos oficiales de la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT).
La medida, que entró en vigor el 9 de enero de este año, tras su publicación en el Diario Oficial de la Federación, obliga a todos los usuarios a asociar su línea telefónica a su CURP o RFC, junto con una identificación oficial. El objetivo, supuestamente, es combatir delitos como extorsiones y fraudes, eliminando el anonimato en la telefonía móvil.
Pero al corte del 31 de marzo, se han registrado aproximadamente 26 millones de líneas, de un universo estimado de entre 153 y 158 millones en todo el país, esto representa un incremento progresivo frente a los 22.7 millones reportados el 24 de marzo y los 9.3 millones contabilizados a finales de febrero.
Sin embargo, para cumplir con la fecha límite del 30 de junio de 2026, las operadoras tendrían que registrar más de un millón de líneas diarias, una meta que se considera difícil de alcanzar. La CRT ha reiterado que no habrá prórroga, y a partir del 1 de julio, las líneas que no estén registradas serán suspendidas temporalmente y solo podrán hacer llamadas de emergencia al 911 y acceder a servicios de atención ciudadana.
Pero, aunque empresas como Telcel, AT&T, Movistar, Bait y diversos operadores móviles virtuales han habilitado plataformas digitales y módulos presenciales para llevar a cabo el trámite, el flujo de usuarios sigue siendo bajo.
Entre las principales quejas de los usuarios destacan la falta de notificaciones por SMS con enlaces oficiales, fallas técnicas en los portales e incluso reportes de posibles vulnerabilidades en algunas plataformas. Esto ha alimentado la desconfianza, especialmente por antecedentes como el fallido padrón RENAUT, que fue vulnerado en el pasado.
En redes sociales y foros, la percepción generalizada es que nadie ha ido a registrarse, pese a que las compañías aseguran haber desplegado campañas informativas.
En paralelo, aumentan los recursos legales contra la medida. Desde finales de enero se admitió el primer amparo, y para febrero ya se contabilizaban más de una veintena en juzgados especializados. Los promoventes argumentan posibles violaciones a derechos fundamentales como la privacidad y la protección de datos personales, además del riesgo de filtraciones de información sensible.
Algunas suspensiones provisionales han sido revocadas por tribunales federales, que han privilegiado el interés social y la seguridad pública sobre las preocupaciones individuales.
Pero las organizaciones civiles y especialistas en derecho digital han cuestionado la falta de garantías suficientes para resguardar los datos, especialmente en un contexto en que se solicita información personal e incluso biométrica.
Lo cierto es que el registro obligatorio reaviva un viejo debate en México: el equilibrio entre seguridad pública y derechos fundamentales. Mientras el gobierno sostiene que la medida es clave para combatir delitos, críticos advierten sobre riesgos en el manejo de datos personales.
Con el plazo acercándose y millones de líneas aún sin registrar, el panorama es incierto. Para los usuarios, la disyuntiva es clara, cumplir con el trámite o enfrentar la suspensión del servicio.
